Veintiún estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración Trump por una regla de agosto que retiró a la mayoría de empresas nacionales e individuos estadounidenses del reporte federal de beneficiarios finales. El tribunal deberá decidir si el Ejecutivo aplicó legítimamente la ley o anuló por regulación un sistema creado por el Congreso.
La Corporate Transparency Act de 2021 buscó identificar a las personas que poseen o controlan finalmente una empresa. Su marco pretendía reducir la utilidad de sociedades anónimas para lavado, evasión de sanciones, fraude y finanzas ilícitas, aunque imponía costos de cumplimiento a negocios legítimos.
La regla eximió a empresas e individuos de Estados Unidos de enviar datos a Financial Crimes Enforcement Network, unidad del Tesoro contra delitos financieros. Según la demanda, las excepciones retiraron a más de 99,9% de las compañías originalmente alcanzadas.
La coalición, integrada mayormente por fiscales generales demócratas, presentó el caso en el tribunal federal de Oregón. Su teoría es institucional: el Ejecutivo puede interpretar una ley, pero no lograr el equivalente funcional de su derogación cuando el Congreso mantiene el mandato.
Los demandados incluyen al secretario Scott Bessent, Tesoro, FinCEN y jefes de Justicia y Seguridad Nacional. Presentar la demanda establece alegaciones y remedios solicitados; no significa que el tribunal haya aceptado su interpretación, anulado la regla o restaurado obligaciones.
La administración formula el conflicto al revés. Bessent dijo que eliminó una carga para millones de propietarios respetuosos de la ley sin comprometer la seguridad. Su posición presenta costos, privacidad y carga administrativa como intereses públicos reales.
Los estados sostienen que el equilibrio abre vacíos. Letitia James advirtió que dueños de sociedades pantalla pueden permanecer anónimos; Elizabeth Warren vinculó el retroceso con riesgos de evasión, fraude, narcotráfico, trata y crimen organizado. Son advertencias, no delitos ya causados y probados.
La evidencia decisiva será el texto legal, expediente administrativo, justificación de las excepciones y alcance de la autoridad. Hasta una sentencia, la exención de agosto sigue operativa y la afirmación de que vacía ilegalmente la ley continúa en disputa.