Un proyecto estadounidense largamente demorado para reducir los ingresos que financian la guerra de Rusia en Ucrania está en riesgo porque su instrumento más contundente es también el más divisivo. La iniciativa del Senado, impulsada durante más de un año por el fallecido senador Lindsey Graham, combina sanciones a funcionarios rusos con autoridad para que Donald Trump aplique amplios aranceles secundarios a terceros países.
El texto autorizaría aranceles de 100% sobre los cinco mayores importadores de petróleo o gas rusos y sobre los cinco principales países que la administración identifique como facilitadores de la evasión de sanciones. No los nombra, pero China e India probablemente quedarían expuestas, junto con algunos países europeos y Japón. Los gravámenes podrían abarcar todos los bienes del país afectado, no solo sus operaciones de energía rusa.
El poder arancelario cobró importancia después de que la Corte Suprema anulara en febrero los anteriores aranceles “recíprocos” de Trump, de entre 10% y 50%. La administración busca desde entonces nuevas bases legales. El proyecto también permitiría al presidente eximir las sanciones por razones de seguridad nacional no especificadas, una discreción que inquieta a demócratas proucranianos por las posiciones cambiantes de Trump.
El apoyo presidencial llegó con otra ampliación: la iniciativa extendería por cinco años las sanciones estadounidenses a los sectores energético y armamentista de Irán, aprobadas originalmente en 1996 y próximas a vencer. Trump exigió luego sumar aranceles a Irán, aunque el comercio bilateral es mínimo. Combinar Rusia, Irán y autoridad comercial amplió la coalición necesaria, pero también multiplicó los posibles puntos de fracaso.
El Senado hizo avanzar el texto con votos procedimentales ampliamente bipartidarios y sus defensores presentaron la iniciativa, rebautizada, como homenaje a Graham, muerto en julio. La votación final podría celebrarse antes del receso senatorial. La etapa más difícil será la Cámara de Representantes, que no vuelve hasta el 31 de agosto y donde altos demócratas y algunos republicanos escépticos de los aranceles ya anticiparon oposición.
El senador Ron Wyden y el representante Richard Neal, principales demócratas en los comités comerciales, apoyan una acción mayor contra compradores de energía rusa, pero sostienen que el borrador podría elevar aranceles e inflación. También persiste el malestar republicano. Rand Paul, único republicano contrario al primer voto procedimental, prepara una enmienda para limitar la autoridad, mientras otros legisladores buscan exenciones para importaciones específicas.
El riesgo externo es que los aranceles secundarios castiguen a países que ya cooperan con Washington. Más de 40 naciones integraron la coalición de sanciones tras la invasión, aunque algunas importan energía rusa o podrían ser consideradas facilitadoras. Una caducidad de cinco años limita el poder en el papel, pero los críticos advierten que los presidentes rara vez devuelven atribuciones y que los gravámenes generales pueden alterar relaciones bilaterales completas.
La embajadora ucraniana en Washington, Olha Stefanishyna, pidió actuar antes del invierno y advirtió que la disputa arancelaria no debe desplazar el objetivo de la ley. Esa urgencia enfrenta ahora el calendario electoral, la resistencia de la Cámara y las enmiendas. Los votos del Senado muestran apoyo amplio a golpear los ingresos rusos; que el Congreso pueda separar ese fin de un poder arancelario presidencial abierto determinará si el proyecto se convierte en ley.
