La administración Trump está reemplazando sus medidas arancelarias más rápidas y jurídicamente vulnerables por una estructura más duradera basada en leyes comerciales establecidas. El giro sigue al rechazo de la Corte Suprema a los aranceles del “Día de la Liberación” bajo poderes de emergencia e indica que las barreras elevadas persistirán.
El primer reemplazo importante es un paquete de tasas de 10% y 12,5% sobre 60 socios a los que Washington acusa de no prohibir ni controlar bienes producidos con trabajo forzoso. Aplicadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, cubren economías que representan 99,4% de las importaciones, con exenciones por producto.
Las nuevas tasas sustituyen casi directamente un arancel global temporal de 10% que venció al mismo tiempo. Reconstruyen parte de la estructura de 10% a 50% anulada por la Corte, pero mediante una ley con más antecedentes administrativos y judiciales. Pequeñas empresas ya demandaron, por lo que la durabilidad aún no es un hecho definitivo.
Hay más medidas en preparación. Otra investigación de la Sección 301 sobre exceso de capacidad industrial abarca a 16 grandes socios, entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, México y Vietnam. Otros expedientes tratan propiedad intelectual y protección de semiconductores, robótica y maquinaria por seguridad nacional.
Para los importadores, mayor solidez legal no equivale a certeza comercial. Algunas empresas ya planificaban con tasas de 10% a 15%, pero las exenciones, negociaciones nacionales y anuncios selectivos repentinos pueden alterar costos. La política se vuelve más clara en su estructura, aunque sigue siendo discrecional en la práctica.
Los aranceles también se convirtieron en instrumento fiscal. Las medidas anuladas habían recaudado USD166.000 millones antes de que las devoluciones llevaran el saldo a negativo. Otro programa temporal de 150 días había determinado USD31.000 millones hasta el 5 de julio, también sujetos a devolución si se confirma un fallo adverso.
El incentivo recaudatorio podría superar al gobierno actual cuando la deuda pública se acerca a USD40 billones. A la vez, los costos recorren la cadena hacia minoristas, fabricantes y hogares, y los socios pueden tomar represalias u ofrecer concesiones para conservar acceso a un mercado importador de USD3,4 billones.
El régimen emergente es menos un anuncio único que una cartera de facultades legales. Las empresas deben prever un piso respaldado por la Sección 301 e investigaciones sectoriales, más medidas políticas episódicas. La pregunta ya no es si sobrevive la primera estructura, sino cuántas capas de reemplazo serán validadas y con qué alcance.
