Chile está cerca de convertir en ley el núcleo del programa económico del presidente José Antonio Kast después de que el Congreso aprobara casi todas las modificaciones pendientes del Senado. El paquete reduciría gradualmente el impuesto a la renta de las grandes empresas del 27% al 23%, eliminaría el IVA para las viviendas nuevas y cambiaría las reglas aplicables a las demoras de inversión y al gasto público. Una disputa sobre la compensación a los municipios por las concesiones fiscales todavía impide la sanción definitiva.
La votación llega en un contexto macroeconómico débil. La economía chilena se contrajo un 0,5% en el primer trimestre de 2026, tras varios meses de escaso crecimiento, y el desempleo alcanzó el 9,4% entre marzo y mayo, su mayor nivel desde junio de 2021. Kast, en el poder desde marzo, presenta la reducción tributaria y de trabas administrativas como instrumentos para reactivar la inversión privada, el empleo y la consolidación fiscal.
La rebaja del impuesto corporativo es la señal más clara del paquete para los inversores locales e internacionales. Un recorte de cuatro puntos modificaría directamente los retornos después de impuestos de las grandes compañías que operan en Chile, mientras que la exención del IVA para viviendas nuevas busca reducir costos de transacción e impulsar la construcción. Otra disposición permitiría a las empresas reclamar compensaciones cuando disputas ambientales demoren proyectos, trasladando parte del riesgo financiero generado por trámites prolongados.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene que la reforma hará más competitivo el sistema tributario chileno y dará mayor certeza a los inversores. Su relevancia empresarial excede la tasa impositiva: las reglas sobre demoras afectan el costo de capital, los cronogramas de obra y la financiabilidad de inversiones mineras, energéticas, de infraestructura e inmobiliarias. Los cambios universitarios y las restricciones de gasto muestran además que el Gobierno vincula la agenda proinversión con la eliminación del déficit fiscal.
La tramitación todavía no terminó. El Senado aprobó el proyecto, pero modificó varios artículos y obligó a una nueva votación en la Cámara baja. Los diputados aceptaron todas las revisiones salvo el mecanismo para compensar a los municipios que pierdan ingresos por exenciones tributarias. Ese punto acotado debe resolverse antes de la promulgación y convierte a las finanzas locales en la última instancia de negociación legislativa.
El riesgo político y jurídico sigue siendo significativo. La oposición afirma que la reforma beneficia de manera desproporcionada a las grandes corporaciones y a los chilenos de mayores ingresos, y prometió impugnarla ante el Tribunal Constitucional. El Frente Amplio la presenta como una transferencia tributaria hacia los sectores más ricos; el Gobierno de Kast, como un programa de inversión y empleo. Un litigio podría demorar la aplicación o eliminar disposiciones específicas aun después de la aprobación final.
Para las empresas que evalúan Chile, los próximos hitos serán el acuerdo sobre la compensación municipal, la promulgación y la respuesta del Tribunal Constitucional a cualquier presentación opositora. El cronograma reglamentario definirá cuándo la reducción del 27% al 23% empezará a modificar resultados y modelos de inversión. También será decisivo el diseño de la compensación por demoras ambientales, cuyo valor dependerá de los criterios de elegibilidad, las pruebas exigidas y la autoridad pública responsable del pago.
