Canadá emitió una Directiva del Gabinete sobre Competitividad Regulatoria y Reducción de Trámites que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026 y reemplazará la de 2018. Busca proteger el interés público y mejorar claridad, previsibilidad y eficiencia para inversión e innovación. Cambia el diseño y revisión de normas futuras; no deroga automáticamente leyes existentes.
La exigencia principal es compensar costos. Los reguladores deberán procurar quitar C$2 de carga empresarial por cada C$1 que añadan durante tres años, según definiciones de la Secretaría del Tesoro. Es una regla monetaria, no la eliminación mecánica de dos normas por cada nueva. Su efecto depende de base, valuación, exenciones y control.
La competitividad será obligación analítica. Cada propuesta tendrá una evaluación específica sobre competencia e inversión. Los organismos deberán considerar instrumentos no regulatorios, adoptar estándares reconocidos cuando evidencia e interés público lo permitan, coordinar jurisdicciones y explicar cómo introducir productos, servicios y tecnologías de forma segura.
También hay calendario de revisión. Las medidas de impacto significativo se examinarán dentro de cinco años y las demás al menos cada diez. Debe comprobarse si cumplen resultados, detectar barreras no previstas al comercio o la innovación y retirar disposiciones obsoletas tan rápido como permitan los mandatos.
Reducir carga no es el único criterio. Las decisiones requieren análisis proporcional de costos, beneficios y riesgos de actuar o no actuar, además de efectos sobre grupos diversos. Las normas significativas normalmente se publicarán para consulta salvo exención autorizada. Salud, seguridad, bienestar y ambiente siguen siendo objetivos explícitos.
Se mantienen las obligaciones con First Nations, Inuit y Métis. La directiva exige consulta y acomodación cuando corresponda, cumplimiento de la ley sobre la declaración de la ONU, tratados, autogobierno y políticas de Gabinete. La eficiencia no puede evitar derechos ni participación protegida.
La iniciativa convive con el proyecto S-7, presentado el 7 de octubre para modificar 31 leyes, pero son instrumentos distintos. El Gobierno identifica casi 500 logros e iniciativas desde 2025 y más de 160 completados. Las cámaras empresarias valoran la medición, aunque reclaman ahorro documentado.
La ejecución dirá si mejora competitividad sin debilitar protección. Importarán guías, líneas de base, cálculos, exenciones, revisiones, tiempos y ahorro independiente. Si los departamentos miden distinto o quitan ítems menores dejando cuellos principales, la relación puede cumplirse sin cambiar inversiones.
