La primera sanción contra Google bajo la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea desplaza su exposición desde las multas públicas hacia los daños privados. Abogados, comparadores y financiadores de litigios evalúan reclamos que podrían sumar hasta USD10.000 millones en varias jurisdicciones europeas.
La Comisión Europea impuso dos multas por un total de €890 millones, cerca de USD1.000 millones. Una determinó que Google favorecía sus propios servicios de compras, hoteles, transporte y deportes en las búsquedas; la otra objetó restricciones que impedían dirigir a usuarios de Google Play a canales alternativos y a menudo más baratos.
Una infracción regulatoria puede ofrecer a los demandantes una base factual más sólida para probar conducta anticompetitiva, aunque no define el monto de sus pérdidas. Los abogados creen que los hallazgos respaldan reclamos del período DMA y, bajo la norma anterior sobre abuso de dominio, quizá también de años previos.
Los casos existentes muestran la escala posible. Un tribunal de Berlín otorgó €465 millones al comparador Idealo en noviembre. Moltiply Group reclama €2.970 millones en Italia, mientras dos grupos financiados por LitFin piden en Ámsterdam más de USD1.000 millones combinados por subastas de compras.
El efecto alcanza procesos ya iniciados. Kelkoo sostiene que las nuevas decisiones refuerzan sus demandas y PriceRunner, respaldada por Klarna, obtuvo en julio unos USD1.970 millones con intereses en Estocolmo. El fallo será apelado, por lo que una condena grande no se convierte necesariamente en cobro inmediato.
Google rechaza las demandas y acusa a sus rivales de buscar compensaciones en lugar de invertir en sus productos. También podría impugnar la multa DMA. Los tribunales deberán decidir causalidad, nivel contrafáctico de tráfico o ventas, período aplicable y cálculo de daños en cada expediente nacional.
El tiempo es una variable estratégica. Los casos de competencia pueden durar años entre apelaciones; casi dos décadas separaron los abusos alegados en compras del agotamiento de recursos en un expediente anterior. Las demoras reducen el riesgo de pago inmediato, pero aumentan intereses, costos y posibles reclamantes.
La multa de €890 millones es así apenas el costo regulatorio visible. Google enfrenta una responsabilidad de segundo orden que podría superar la sanción pública, mientras los competidores aún deben acreditar su perjuicio individual. La próxima fase dependerá de tribunales nacionales, calendarios de apelación y métodos para cuantificar negocio perdido.