Beumer Group pidió al Tribunal General de la Unión Europea que anule la negativa de la Comisión Europea a examinar la compra por €300 millones del negocio de logística aeroportuaria de Siemens por Vanderlande. El desafío se refiere a la jurisdicción sobre una transacción ejecutada hace más de un año.
Siemens anunció la venta dos años atrás a Vanderlande, productora neerlandesa de cintas de equipaje y sistemas de clasificación de paquetes controlada por Toyota Industries. La alemana Beumer planteó preocupaciones competitivas en un mercado que combina hardware especializado, software y contratos de servicio prolongados.
Vanderlande solicitó autorización en Portugal y España en marzo de 2026. Esas autoridades, junto con Italia, pidieron a la Comisión que asumiera la revisión, colocando en el centro del caso qué regulador puede actuar con mayor eficacia.
La Comisión rechazó las remisiones en mayo. Consideró inapropiada una revisión europea porque la transacción llevaba más de un año implementada y sostuvo que Portugal y España debían continuar sus propios análisis del mercado.
Beumer argumenta que la Comisión no puede rechazar una remisión cuando las autoridades nacionales no están en condiciones de revisar eficazmente una concentración. Su afirmación práctica central es que esos organismos carecen de facultades para deshacer la adquisición concluida.
La apelación excede los efectos competitivos de esta operación. Examina si el tiempo transcurrido y la ejecución justifican negar una remisión transfronteriza solicitada por varias agencias y si la capacidad de imponer remedios debe definir qué autoridad recibe el caso.
La Comisión declaró que defenderá su decisión. El tribunal todavía no se pronunció sobre las alegaciones, incluida la afirmación de que la negativa se basó en criterios jurídicamente irrelevantes. Los procesos ante el Tribunal General suelen tomar varios años.
Durante ese período Vanderlande conserva el negocio adquirido y pueden continuar revisiones nacionales. El próximo paso será el análisis judicial de las obligaciones de remisión: una anulación reabriría el control europeo; un rechazo mantendría el examen fragmentado entre autoridades nacionales.
