Argentina y Chile mantuvieron nuevas conversaciones el 27 de agosto bajo el Tratado de Integración y Complementación Minera de 1997, reactivado en julio después de décadas de aplicación limitada. Los gobiernos buscan reglas para coordinar infraestructura y recursos a través de los Andes.
La reunión bilateral aprobó protocolos operativos para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, proyectos cuyos sistemas minerales atraviesan la provincia argentina de San Juan y la región chilena de Atacama. La decisión hace avanzar el trabajo administrativo, aunque no se divulgaron los detalles técnicos.
El ministro de Minería chileno, Daniel Mas, estima que el marco podría destrabar más de US$20.700 millones de inversión y sumar 540.000 toneladas métricas a la producción anual de cobre. Son cifras potenciales de la cartera, no capital ya comprometido ni producción en construcción.
La lógica económica es compartir infraestructura. Los depósitos argentinos cercanos a la frontera podrían acceder a rutas más cortas hacia puertos del Pacífico y a servicios, energía, agua o logística de la industria cuprífera chilena, mientras proveedores chilenos ganarían demanda de minas ubicadas del lado argentino.
Los proyectos no tienen planes idénticos. Vicuña, de Lundin Mining y BHP, pretende usar agua desalinizada del Pacífico, pero no confirmó instalaciones chilenas. Los Azules, de McEwen Copper, no prevé agua desalinizada ni exportar por Chile, aunque sigue interesado en las conversaciones.
El Pachón, de Glencore, también figura entre los posibles beneficiarios, mientras BHP no aclaró cuánto utilizaría la infraestructura existente. Las diferencias muestran que el tratado ofrece un marco habilitante, pero no impone una única solución logística o hídrica para todas las minas.
El impulso político se aceleró bajo Javier Milei y José Antonio Kast, pero no existe un calendario fijo de implementación. La coordinación regulatoria, permisos, tributación, procedimientos fronterizos y acuerdos comerciales todavía deben convertirse en decisiones específicas para cada proyecto.
Argentina no produce cobre desde el cierre de Alumbrera en 2018, aunque su cartera podría ubicarla entre los diez mayores productores hacia 2030. El resultado depende de financiamiento, construcción, agua, energía, precios y ejecución: el tratado reduce barreras de coordinación, pero por sí solo no pone una mina en marcha.
