Brasil solicitó formalmente consultas con Estados Unidos bajo el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio para impugnar aranceles introducidos por la administración Trump en julio. El caso abarca una tasa de 25% sobre ciertos bienes brasileños por supuestas prácticas desleales y otra de hasta 12,5% vinculada con acusaciones de débil control del trabajo forzoso.
La exposición combinada es material aunque las medidas no alcancen a todos los envíos. Los cálculos oficiales indican que 23,1% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos quedan afectadas y que 16,5% enfrenta una carga conjunta de 37,5%. Esas cifras delimitan el costo inmediato para exportadores, importadores y cadenas de suministro.
La Cancillería brasileña sostiene que las medidas son injustificadas e incompatibles con las obligaciones estadounidenses bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Brasilia cuestiona así tanto el tratamiento arancelario como la base jurídica usada por Washington.
La solicitud de consultas es la primera etapa procesal, no un fallo contra Estados Unidos. Permite a ambos gobiernos intercambiar argumentos y buscar una salida negociada. Si las conversaciones no resuelven el conflicto dentro de los plazos de la OMC, Brasil podrá solicitar un panel que examine los reclamos.
La vía litigiosa tiene un horizonte más largo que el impacto comercial. Las empresas deben absorber, trasladar o eludir las tarifas mientras los gobiernos discuten su legalidad. Una victoria no compensaría automáticamente negocios ya perdidos y el trayecto hasta un resultado exigible puede extenderse por apelaciones y debates sobre cumplimiento.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya había anunciado el recurso a la OMC y usó una respuesta similar ante una ronda anterior de aranceles de Trump. Aquellas medidas fueron luego anuladas por la Corte Suprema estadounidense, pero la nueva presentación requiere un análisis separado porque comprende otro paquete y nuevos fundamentos.
La disputa coincide con una aceleración de la diversificación comercial de Brasil mediante Mercosur y relaciones bilaterales. Esas gestiones no reemplazan de inmediato el acceso a uno de sus mercados clave, pero reducen la dependencia de un solo destino y refuerzan la defensa de reglas multilaterales frente a sanciones unilaterales.
Los próximos pasos son concretos: Washington deberá responder a las consultas, ambos países definirán si existe una corrección negociada y Brasil decidirá si pide un panel. Para las empresas, las variables decisivas son cuánto durará la tasa conjunta de 37,5%, qué productos seguirán alcanzados y si una acción bilateral o judicial modifica el arancel antes del final del proceso multilateral.
