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Panamá evalúa una minera estatal para reabrir Cobre Panamá

Panamá estudia crear una empresa minera estatal que podría asociarse con First Quantum Minerals y dar una estructura legal para reabrir Cobre Panamá, una mina de cobre cerrada desde 2023 tras un fallo constitucional.

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Panamá considera la creación de una empresa minera estatal como posible vía para reabrir Cobre Panamá, la gran mina de cobre operada por la canadiense First Quantum Minerals antes de su cierre en 2023. La idea ubicaría al Estado en el centro de cualquier nueva estructura para el activo, cuyo contrato anterior fue declarado inconstitucional.

La propuesta en análisis permitiría que una entidad pública se asocie con First Quantum o mantenga la concesión mientras la compañía participa bajo términos revisados. Una estructura evaluada dejaría a First Quantum con una participación operativa mayoritaria y a Panamá con una minoría significativa; otra mantendría al Estado como titular de la concesión mientras la empresa paga regalías e impuestos bajo un esquema similar a un arrendamiento.

El diseño importa porque Panamá aprobó una prohibición de nuevas concesiones mineras después del conflicto político y social que rodeó a Cobre Panamá. Un vehículo estatal podría dar al gobierno una vía para cumplir con ese marco y, al mismo tiempo, reabrir una mina que se había vuelto relevante para la economía nacional y para la oferta global de cobre.

La mina permanece cerrada desde que la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de la compañía en 2023, después de grandes protestas por preocupaciones ambientales, fiscales y de gobernanza. Desde entonces, el gobierno autorizó pasos limitados sobre concentrado de cobre almacenado, una planta eléctrica dentro del sitio y una auditoría ambiental, pero no aprobó una reactivación plena de la operación minera.

Para First Quantum, las conversaciones son centrales para el futuro de uno de sus activos más importantes. La compañía suspendió una demanda arbitral multimillonaria mientras continúan las negociaciones, por lo que el resultado dependerá de la aprobación política, el diseño legal, la aceptación pública y la decisión final del gobierno sobre si una reapertura puede justificarse bajo nuevos términos.